Sin ser adivino ni estar dotado de poderes extrasensoriales hace años veníamos denunciando que la deriva especulativa de la economía occidental acabaría mal, y a ello no podría escapar la española. Me parece loable se plantee el cambio de modelo económico pero mucho me temo que para esto hace falta algo más que buena voluntad y algún que otro decreto, que cuando afecte de verdad a las grandes corporaciones nuestros mismos Tribunales Superiores, Supremos, Constitucionales, acabarán dándoles la razón. ¡Poderoso caballero don dinero!
Hemos sacralizado el Mercado pero según Competencia, el intervencionismo en los sectores más lucrativos sigue siendo excesivo, entre ellos el farmacéutico es de los más necesitados de adaptación al siglo XXI al ser el más restrictivo al estar fuertemente controlado y amparado por los colegios y los grandes laboratorios farmacéuticos. (Fuente: diario EL PAIS).
Como en estos días se habla tanto de laicización y economía veamos algún ejemplo sobre su íntima relación, pero que sólo estamos dispuestos a corregir en uno sólo de sus aspectos: el ideológico. No oigo nada sobre el socioeconómico. Hace falta mucha convicción para abordar el segundo y desde luego no se la reconozco a muchos de nuestros “padres de la patria”. Veamos el ejemplo aludido: José Antonio Bosch es un letrado instalado en Sevilla que un día se plantó. Su órgano facultativo, el colegio de abogados de esta provincia, aprobó en sus estatutos de 2004 un patronazgo católico. El de la Inmaculada Concepción. Bosch lo consideró intolerable. Una institución de colegiación obligatoria para el ejercicio de la profesión no debería asumir tal patronazgo, porque vulnera un derecho constitucional, el de libertad religiosa. El abogado decidió llevar ante los tribunales lo que considera una contradicción en un organismo aconfesional.
Ciertamente el objetivo de los colegios debería ser defender al consumidor cuando son demasiadas las organizaciones que sólo velan por el interés de sus miembros: "Hay que pagar 400 euros anuales. ¿Y para qué?", se pregunta un médico, que podría hacerse extensiva a los cientos de farmacéuticos subempleados en Oficinas de Farmacia que han convertido la Salud en un ingente beneficio para el propietario, hasta parecerse más a una oficina bancaria. Algunas profesiones admiten que la modernización es un paso necesario urgente, aunque no está en esta actitud el colectivo de los farmacéuticos propietarios de Oficina de Farmacia que es el más restrictivo, según Competencia, y el más eficazmente blindado a cualquier iniciativa de los gobiernos para abrirlo a jóvenes licenciados sobradamente preparados y en una situación laboral de auténtica explotación y por los que raramente se alza alguna voz para denunciarla. Así lo reconoce la UE que denuncia el alto grado de regulación de ciertas actividades, entre ellas las del sector farmacéutico español.
Paradójicamente en el caso del abogado referido el Tribunal Superior de Justicia Andaluz falló en contra y dictaminó que este patronazgo es legal porque supone "el reconocimiento de una tradición histórica". ¿Se pronunciará en igual sentido con el tema de la supresión de los vestigios religiosos en las escuelas?, en este caso el gobierno pisa el acelerador con decisión. El caso está ahora en el Tribunal Constitucional, que resolverá en los próximos meses. Diga lo que diga la corte, la batalla del letrado Bosch pone de manifiesto precisamente la "arraigada tradición histórica", como dice la última sentencia, de los colegios profesionales. Este adjetivo, digno de la cultura gremial de hace cinco siglos, no vale ya para el mundo globalizado del siglo XXI.Y, especialmente, para la Unión Europea contemporánea. Arquitectos, ingenieros, farmacéuticos, médicos, abogados, guías turísticos, psicólogos, notarios. En total hay en España 87 colegios profesionales. Todos ellos, ahora, en el punto de mira de Bruselas. La Comisión Europea ha lanzado su propia batalla para eliminar las trabas a la competencia en el territorio de la UE. Se llama Directiva de Servicios. Esta norma base intenta crear "un marco jurídico para garantizar la libertad de establecimiento y prestación de servicios en la UE", reza el texto. ¿Qué ocurre?, sencillamente que la directiva entiende que las imposiciones de los colegios profesionales son una seria traba a la economía de hoy como en los albores de la Edad Moderna hubo que desmontar las organizaciones gremiales por las mismas razones, en algunos países como España aún arrastramos nuestra ausencia de auténticas revoluciones modernizadoras.
La obligatoriedad de colegiación, el pago de un visado para edificar, la orientación de los precios, la limitación de la publicidad o los trámites de ingreso para extranjeros que quieran establecerse en el país recortan la fluidez de la prestación de los servicios.La directiva del Parlamento Europeo, heredera de la directiva Wolkenstein, fue aprobada en 2006 y señaló 90 barreras a la competencia que los países debían erradicar, mediante leyes propias, de su panorama jurídico. El plazo se acaba exactamente el próximo 28 de diciembre. España ha hecho lo propio con la llamada Ley ómnibus. Ésta, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 13 mayo, modifica la normativa para que este conjunto de cambios puedan efectuarse. La transposición debe estar hecha antes de fin de año, una ley horizontal que ya se ha ganado el nombre de Ley paraguas, aunque ésta sólo dispone indicaciones generales. El quid de la cuestión reside en el texto de la Ley ómnibus. Ésta hace ahora hincapié en que la función de los colegios profesionales debe ser de interés público, deben convertirse en "autoridades competentes", capacitadas para velar por los consumidores y ser valedores del control de la profesión. El problema que podría derivarse de esta ley es que muchos de los colegios por lo único que se han preocupado ha sido por el de sus miembros. Este texto será el índice para las nuevas legislaciones estatales. Una vez el texto entre en vigor, el Ejecutivo se da un plazo de cuatro meses para redactar un real decreto por el que se establecerá el carácter de los visados. Si deben ser obligatorios o voluntarios. Pero esto no es todo, porque 12 meses después, el Gobierno hará lo mismo, mediante un proyecto de ley, para condicionar la obligatoriedad de la colegiación. En resumidas cuentas: sólo los colegios que hayan sabido justificar su función en la sociedad sobrevivirán. Ramón Mullerat, ex presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Europa, explica a título personal que los colegios profesionales nacieron hace siglos con dos misiones, casi los mismos que justificaban la existencia de los gremios: Amaestrar al discípulo y defender los intereses de sus miembros. "Esta actitud ya no es válida hoy", cuenta.
La Comisión Nacional de Competencia (CNC) elaboró a finales de 2008 un informe demoledor sobre estas organizaciones. La institución explica que España posee un alto nivel de regulación de los servicios profesionales, de dos tipos: la entrada o el acceso al mercado (mediante la titulación y la pertenencia a un registro profesional) y el ejercicio de la propia profesión, cuya regulación se establece mediante la publicidad, los precios o la localización, entre otras. Competencia aclara que, muchos otros países, como Reino Unido, Francia u Holanda, tienen niveles de regulación mucho menores sin perjuicio del mercado, de hecho en España es imposible el ejercicio de la profesión si no se dispone de recursos desmedidos para la inversión, lo que es respaldado y defendido con toda la fuerza de un colectivo potente, y, además, respaldado por las grandes multinacionales de la Farmacia a los que les interesa y mucho el modelo farmacéutico español. De hecho la colegiación, según Competencia, impone siempre trabas a la libre circulación de los servicios, y sólo puede justificarse con el interés general, es decir, el beneficio del consumidor, que no es el caso en el sector farmacéutico que sólo beneficia al propietario de la oficina de farmacia y a los laboratorios que hábilmente colocan sus específicos frente a los genéricos mucho más baratos e igual de efectivos.
De hecho el informe de La Comisión Nacional de Competencia (CNC) señala a algunas colegiaciones existentes carentes de sentido: “La introducción de barreras a la competencia carece en muchas ocasiones de una clara justificación por un motivo de interés general", expone. Otro claro ejemplo de la inutilidad de tales organizaciones es el de los colegios de Arquitectos que visan los proyectos, por lo que se abonan las cantidades estipuladas, pero el colegio no responde si hay algún problema. ¿Para qué pagar entonces?", explica un miembro de la Comisión Nacional de Competencia. Pero aclara: las barreras a la competencia que los colegios profesionales generan no están tanto en sus actitudes sino de la legislación que lo ha permitido durante los últimos años. Los estatutos colegiales son manifiestamente contrarios al libre mercado. Un estudio del Institut for Advanced Studies sobre la regulación de las profesiones liberales en los Estados miembros señalaba en 2005 a España como un país cuyas políticas en pro de la liberalización del sector habían sido nulas. Comparten podio con España la República Checa, Chipre, Malta, Finlandia, Grecia y Suecia. En el lado opuesto, se encuentran Reino Unido, Holanda y Dinamarca como los estados que han acometido reformas estructurales sustanciales. El mismo estudio valora el grado de regulación de cinco profesiones liberales, arquitectos, ingenieros, abogados, financieros y auditores y farmacéuticos. El estudio concluye que este último gremio tiene uno de los mayores grados de regulación, de 7,2 puntos sobre 12. El motivo, las estrictas limitaciones de establecimiento de farmacias, que restringen su número, según la comunidad, a la cantidad de habitantes de un lugar. Quedan excluidos del gremio, por tanto, los licenciados en farmacia pero que no tienen un sitio donde ejercerlo. De hecho, una plataforma llamada Farmacéuticos sin Farmacias ha llevado esta injusticia, según ellos, a la Comisión Europea, por entender que perjudica la libre competencia, tal y como establece la directiva.
Hasta en el Caso Gürtel está presente el modelo farmacéutico español, cada vez está más aislado en Europa. Como todo el mundo sabe el Sr. Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, involucrado en el tema de los trajes, corrupción, etc..., cuando salió en su defensa la alcaldesa Rita Barberá argumentó que su compañero de partido, el susodicho Sr. Camps, negaba que a este le hubiesen comprado los trajes sino que los había pagado "... a través de la calderilla de la caja registradora de la farmacia de su mujer... ". Calderilla de dos y tres mil euros. Si esto es la calderilla, como será el resto...
En este debate unos dicen que la liberalización es inminente ( ojalá ) y otros dicen que es absurda, aunque lo justo es que a igual título iguales derechos, se han producido demasiados abusos, durante demasiado tiempo y la repugnante codicia de los titulares ( los únicos autónomos que organizan campeonatos de golf ) ha dado lugar a la situación en la que estamos, dos y dos son cuatro y lo que es lógico es lógico , y en una sociedad de mercado, el mercado se autorregula, y no caben privilegios feudales, no soy adivino, intuyo que habrán cambios y no pequeños, seguramente hubiera pasado lo mismo, no nos engañemos, si la UE liberaliza no es para hacer justicia, que va, sino por la presión de intereses de Multinacionales, Grandes Superficies, ... los colegios de farmacéuticos sólo representan a los titulares, y hay muy pocos titulares que actúen como compañeros, la gran mayoría actúa de forma tiránica, el grado de cinismo llega a tal que su presidente y colaboradores dicen ¡QUE VIENEN LAS MULTINACIONALES, COMO SI VINIESE EL LOBO!, paradójicamente serán ellas las que provoquen los cambios no los gobiernos. Hoy el único interés del titular es ganar mucho dinero a costa de prohibir a licenciados jóvenes, excelentemente preparado, la apertura de Farmacias, actitud permanente en Andalucía, con la complicidad de su gobierno, sindicatos y universidades.
La Farmacia hoy está lejos de ser un establecimiento sanitario es un buen negocio con privilegios del que se benefician unos pocos.
